El Partido Socialista y los bloques legislativos nacionales del PS expresaron su más “enérgico repudio” ante el intento de derrocamiento que se lleva adelante en Ecuador contra el presidente Rafael Correa. En ambas Cámaras -Senado y Diputados- los bloques del Partido Socialista presentaron iniciativas al respecto.
Los máximos dirigentes del PS rechazaron “cualquier intento sedicioso para desestabilizar a las legítimas autoridades de Ecuador, encabezadas por su presidente Correa”, y denunciaron que es “inadmisible este tipo de hechos en nuestra América Latina, por lo que la respuesta de la comunidad internacional debe apuntar a respaldar el orden constitucional e institucional de Ecuador, a su soberanía y al primer mandatario, elegido democráticamente”.
Además, solicitaron “la urgente reunión de los organismos internacionales pertinentes para que actúen de inmediato evitando que avance esta situación”.
30 de septiembre de 2010
27 de septiembre de 2010
INTERVENCION DEL SENADOR RUBEN GIUSTINIANI EN EL TRATAMIENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE GLACIARES Y AMBIENTE PERIGLACIAL (Sesión del 28/29 de sep.)
Señor presidente: el calentamiento global es producto de la disminución de la capa de ozono como consecuencia de la intervención de la mano del hombre, lo que genera un retroceso de los glaciares en todo el mundo. Este retroceso de los glaciares se da en un promedio de 10 por ciento en 10 años. Es decir que, al actual ritmo, en 100 años no existirán más glaciares. O sea que de persistir esta tendencia en un siglo el planeta carecerá de estos maravillosos bloques de hielo que contemplamos maravillados en Santa Cruz y que representan las últimas reservas de agua dulce del planeta.
A nivel global, sólo el 3 por ciento del agua es dulce: el 97 por ciento restante corresponde a los mares y océanos. Si analizamos lo que produce el cambio climático, los modelos digitales de elevación muestran que durante los últimos 30 años, 63 de los principales glaciares en los campos de hielo en la Patagonia se han derretido y han contribuido en 42 milímetros por año al crecimiento del nivel del mar. A partir de 1995, según datos científicos concretos, el derretimiento se duplicó, lo que equivale al crecimiento del mar de 105 milímetros por año. Son datos científicos y concretos.
El calentamiento global forma parte de todas las agendas públicas de los gobiernos del mundo; de todas las reuniones de organismos internacionales. Las Naciones Unidas ha puesto en la agenda de prioridades la cuestión del medio ambiente y, dentro de ello, el tema del calentamiento global producto de la contaminación producida por la acción del hombre. Hoy estamos tratando el proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados de la Nación. Y hoy estamos tratando la temática del agua.
Por una cuestión casi de sentido común me inclino claramente y de manera contundente a apoyar el proyecto de ley en revisión que viene con modificaciones de la Cámara de Diputado, por la sencilla razón de que es más protectivo que el que habíamos aprobado en el Senado, después de un esfuerzo de consenso realizado. Esta fusión de los proyectos o consensos llegados entre lo que se llamó el proyecto del senador Filmus y el proyecto del diputado Bonasso, con la articulación hecha en la Cámara de Diputados, representa un paso hacia delante. Por eso, me parece que el paso adelante real esta noche es votar el proyecto de ley de la Cámara de Diputados.
¿Qué ha pasado en todo este tiempo, señor Presidente? Porque recordemos que este debate se da en función del veto de la presidenta de la Nación. Si no hubiera habido veto el proyecto inicial de la diputada Maffei habría sido ley y los glaciares hubieran tenido una protección positiva, resguardada, de acuerdo con ese proyecto inicial. Yo veo un costado positivo en todas estas idas y vueltas que ha tenido el proyecto de ley de protección de los glaciares. El costado positivo es que verdaderamente ha disparado otro debate: el debate del cuestionamiento al modelo de la minería de los mega emprendimientos a cielo abierto. Esto es lo que verdaderamente se esta discutiendo hoy.
Así como hay un consenso en proteger los glaciares, evidentemente hay diferencias profundas en cuanto a este modelo implementado en los 90, con las características de los 90, es decir del neoliberalismo, de saqueo económico y destrucción medioambiental. Esto ha sido la característica del modelo neoliberal de los 90, vivito y coleando actualmente en los emprendimientos de minería en la República Argentina. Si hay una cosa que me ha quedado absolutamente clara en todo el desarrollo de todo este proceso, que se inicia con el veto del gobierno nacional, y después de escuchar al secretario de Minería tantas veces en las audiencias realizadas aquí en el Senado de la Nación, es que el gobierno nacional acompaña, promueve y desarrolla la minería en las actuales condiciones, que son las establecidas en los 90.
Entonces, evidentemente la lucha contra las corporaciones debe hacerse en serio. Acá parece que hay corporaciones malas y corporaciones buenas. Las corporaciones malas se combaten, las corporaciones buenas se promueven en su desarrollo. No tengo que hacer un gran desarrollo económico para demostrar esto. Estos señores, que están llevando a cabo semejantes emprendimientos mineros desde los 90 en la República Argentina, han dicho en una reciente solicitada, que es gigantesca y con un título muy grande: “Sin minerales no hay industria, no hay construcción, no hay país”. Esto es lo que dice la Cámara Argentina –son todos capitales transnacionales– de Empresarios Mineros. Estas son las costosas solicitadas que estas empresas publican en el país.
Es claro que acá se están jugando muchos intereses. Por supuesto, en el país estamos ante una realidad donde lo que se pone en juego es que somos el sexto país potencialmente dispuesto a estos emprendimientos mineros. Los informes consignan que el 75 por ciento de las áreas extractivas para la minería todavía no han sido sometidas a prospección. Entre 2003 y 2007, el total de inversiones acumuladas en el país se multiplicó por ocho: pasó de 660 millones de dólares a 5.600 millones.
Todo esto se ha hecho en el marco regulatorio de la megaminería a cielo abierto. Se ha construido un modelo en virtud del cual no hay ninguna otra actividad económica en el país que tenga los suficientes privilegios como tienen estos emprendimientos, establecidos por ley de los años 90. Me refiero a la Ley 24196, de Inversiones Mineras; a la Ley 24228, de Acuerdo Federal Minero; a la Ley 24402, y así podríamos seguir. Primero, estabilidad fiscal por treinta años desde la presentación del proyecto. Alcanza a todos los tributos, entendiéndose por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos pasivos a las empresas inscriptas, así como también a los derechos, aranceles u otros gravámenes a la importación o exportación. Segundo, tope de tres por ciento de regalía por valor de mineral en boca de mina; exención de arancel de importación bienes de capital e insumos; doble deducción de gastos de prospección, exploración, planta piloto, investigación, en el Impuesto a las Ganancias; devolución del IVA a la exploración; amortización acelerada a las inversiones, tres años; exención de contribuciones sobre la propiedad minera; eliminación progresiva de impuestos provinciales y municipales; liquidación en el exterior, hasta el 100 por ciento, de divisas de exportación; deducción por gastos de conservación de medio ambiente hasta 5 por ciento del monto del gasto de extracción y procesamiento; capitalización de los avalúos de reserva minera hasta 50 por ciento; devolución anticipada de financiamiento de IVA en importación o compra de bienes, inversiones e infraestructura; reembolso de exportaciones por puertos patagónicos.
¿Esto es gratis? Acá se ha hablado mucho de federalismo. Señor presidente: todos los argentinos vamos a pagar, de acuerdo con el Presupuesto 2011, un gasto tributario de promoción a la actividad minera, de acuerdo con la Ley 24.196, de 506,5 millones de pesos. Tenemos derecho a hablar de este tema, no solamente por las cuestiones ambientales, sino también por las cuestiones económicas que estamos poniendo sobre la mesa. No hay ninguna otra actividad económica en el país que tenga semejantes privilegios. Entonces, ¿cómo no va a disparar el debate de los glaciares el hecho de que tenemos que poner un punto de inflexión en un debate, pendiente, del Congreso argentino, acerca de este tipo de emprendimientos diseñado en la lógica de los 90 y que el gobierno nacional actual promueve, impulsa y desarrolla? Me parece importante que, a esta altura del debate, tengamos claro que éste es el punto fundamental que está en discusión.
La otra reflexión que yo quería realizar es que, en este tema también, con estas solicitadas, con este debate disparado en la ley de glaciares, el capital transnacional ha demostrado angurria. No ha sido posible avanzar en esta cuestión porque estamos hablando del agua, que es un recurso fundamental, como se ha planteado aquí, en cuanto a que es un derecho humano fundamental a preservar. Se ha planteado, con toda claridad, en este recinto, que el agua es el único bien que ha sido declarado un derecho humano, por las Naciones Unidas; que el agua es, entonces, un derecho humano vinculado con la vida. Y, frente a este derecho o, mejor dicho, ante estos dos derechos, el del agua y el de la vida, que están indisolublemente vinculados, algunos pretenden poner por encima de ello el derecho a la explotación y al comercio de un bien, que es el oro. Se han mencionado ejemplos históricos, que son contundentes. El oro y los diamantes han producido golpes de Estado, el apartheid, la explotación en el mundo. Eso es lo que ha producido la codicia del oro de los diamantes.
Esta es la historia de la humanidad, lo que nos enseña la historia. Entonces, no tenemos que plantarnos ante falsas antinomias. Lo que tenemos que hacer es una discusión seria de lo que significa el desarrollo sustentable. Y la verdad, señor presidente, es que tengo la convicción de que el sistema de explotación a cielo abierto es contradictorio con cualquier política de desarrollo sustentable. Por eso muchas provincias se han ido haciendo eco de esto. Por eso ya hay siete leyes provinciales en esta materia y ya hay provincias que lo prohíben de manera terminante. Por eso, ese es el debate que debe darse en este recinto.
Desde otra perspectiva, hace más de setenta años, Alfredo Palacios señaló que hay que conservar los bosques existentes y que, por eso, sería peligroso autorizar a un organismo que no es técnico en la materia a destruir árboles, entregando tierra a la colonización. Lo que corresponde es dictar la ley del bosque. La leña de nuestros bosques ha sido dilapidada; se ha talado sin método y sin control, olvidando que es un deber de los gobiernos mantener los bosques, en beneficio del país. Y cuando no se han sabido mantener, repoblarlos. Esto fue dicho por Palacios, reitero, hace setenta años, después de lo que sucedió en el Norte de mi provincia con La Forestal, que devastó los bosques de quebracho por la extracción del tanino. Hay que ver lo que son actualmente esos pueblos del Norte de mi provincia, como, por ejemplo, La Gallareta. La Forestal fue un país dentro de la Argentina, algo similar a lo que actualmente son los establecimientos mineros. Finalmente, sólo dejó devastación, y explotación de los trabajadores y de una de nuestras riquezas naturales: los bosques.
Por lo tanto, la ley de bosques llegó tarde, pero fue muy positiva. Y se lo debemos a la acción de la sociedad, de las organizaciones no gubernamentales y de las organizaciones sociales, que impulsaron diversas leyes, entre ellas, la ley de bosques, y hoy, la de preservación de nuestros recursos naturales. Quiero hacer un reconocimiento a la nueva conciencia ambiental, que va creciendo en los niños y se extiende por todo el país, la cual nos da el optimismo de que, a futuro, podamos tener una conciencia ambiental diferente que, seguramente, redundará en una mejor conciencia ambiental en la dirigencia política argentina y del mundo. Por ello, la dimensión de la catástrofe ambiental está a la vista. Las Naciones Unidas, diversas organizaciones internacionales y los más grandes y prestigiosos organismos científicos del mundo han planteado este tema, y se tomó conciencia de que estamos ante los peligros más dramáticos y complejos de la historia de la humanidad. No son planteos utópicos o extremistas, sino que estamos ante peligros concretos. Y no solamente tenemos la responsabilidad ante nosotros mismos, sino también ante las generaciones futuras.
Estoy convencido de que este debate recién comienza. Esta discusión recién empieza, y deberá continuar a partir de la sanción de este proyecto. En ese sentido, debemos hacer un reconocimiento a ese camino que se inició con la movilización ciudadana en Esquel, y que continuó con la asamblea multisectorial que llamó a una consulta popular, en 2003, cuyo resultado fue negativo y significó la concreción de la primera ley provincial de este tipo de minería. En consecuencia, el bien que estamos protegiendo con esta ley, que es nada más ni nada menos que el agua, implica la defensa del ecosistema, de la verdadera fábrica de agua que son los hielos continentales.
Para finalizar, haré referencia a la historia de América latina en cuanto a la extracción de los minerales. Por ejemplo, tenemos el caso de Potosí, en Bolivia, y el de Famatina, en nuestro país, donde el oro y la plata se vieron, se ven y se verán pasar de cable carriles o ductos hacia trenes, luego hacia puertos cuyos barcos llevarán la riqueza hacia el Norte a países desarrollados. La historia no se repite, señor presidente, pero la reproducción de los mecanismos determina que hoy estemos viviendo una situación que tenemos que abordarla con toda responsabilidad, y la pregunta contundente que hoy debemos hacernos es si sabe más el oro o el agua dulce.
Se habla mucho de la responsabilidad social empresaria. ¿Cuál es la responsabilidad social empresaria que tiene un CEO de las corporaciones mineras, que le puede dar lo mismo mirar en el cine una política como Avatar que escuchar el reclamo de los mapuches, porque un ducto invade los cementerios, sus cementerios! Acá se han dado muchas cifras, se gastan millones de litros por día, es poco. Los viñateros vinieron a hablar con nosotros. Los productores agropecuarios nos decían que esos mismos litros que sirven para estas mineras son los litros que le sacan para sus emprendimientos productivos en estas provincias.
Por eso, creo que hoy damos un paso. Espero que podamos sancionar la ley más protectiva, espero que podamos dar un paso real para que después incorporemos en la agenda del Congreso Nacional el debate de la discusión de los mega emprendimientos mineros a cielo abierto, de las características vigentes actuales de los 90 que significa el modelo de saqueo y de depredación ambiental.
Quiero terminar con una canción. Con esto, no quiero parecer sentimental, pero es concreto y contundente. Es una canción de La Vela Puerca, que se llama “Potosí”, y que dice: Ahora ya no sale nada (hablando de la mina), sólo escucho la explosión que revienta las entrañas, ya cumplida la ambición, esa voz no está tan lejos, que llora necesidad, caminando en laberinto, sigue pidiendo igualdad.
Muchas gracias
A nivel global, sólo el 3 por ciento del agua es dulce: el 97 por ciento restante corresponde a los mares y océanos. Si analizamos lo que produce el cambio climático, los modelos digitales de elevación muestran que durante los últimos 30 años, 63 de los principales glaciares en los campos de hielo en la Patagonia se han derretido y han contribuido en 42 milímetros por año al crecimiento del nivel del mar. A partir de 1995, según datos científicos concretos, el derretimiento se duplicó, lo que equivale al crecimiento del mar de 105 milímetros por año. Son datos científicos y concretos.
El calentamiento global forma parte de todas las agendas públicas de los gobiernos del mundo; de todas las reuniones de organismos internacionales. Las Naciones Unidas ha puesto en la agenda de prioridades la cuestión del medio ambiente y, dentro de ello, el tema del calentamiento global producto de la contaminación producida por la acción del hombre. Hoy estamos tratando el proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados de la Nación. Y hoy estamos tratando la temática del agua.
Por una cuestión casi de sentido común me inclino claramente y de manera contundente a apoyar el proyecto de ley en revisión que viene con modificaciones de la Cámara de Diputado, por la sencilla razón de que es más protectivo que el que habíamos aprobado en el Senado, después de un esfuerzo de consenso realizado. Esta fusión de los proyectos o consensos llegados entre lo que se llamó el proyecto del senador Filmus y el proyecto del diputado Bonasso, con la articulación hecha en la Cámara de Diputados, representa un paso hacia delante. Por eso, me parece que el paso adelante real esta noche es votar el proyecto de ley de la Cámara de Diputados.
¿Qué ha pasado en todo este tiempo, señor Presidente? Porque recordemos que este debate se da en función del veto de la presidenta de la Nación. Si no hubiera habido veto el proyecto inicial de la diputada Maffei habría sido ley y los glaciares hubieran tenido una protección positiva, resguardada, de acuerdo con ese proyecto inicial. Yo veo un costado positivo en todas estas idas y vueltas que ha tenido el proyecto de ley de protección de los glaciares. El costado positivo es que verdaderamente ha disparado otro debate: el debate del cuestionamiento al modelo de la minería de los mega emprendimientos a cielo abierto. Esto es lo que verdaderamente se esta discutiendo hoy.
Así como hay un consenso en proteger los glaciares, evidentemente hay diferencias profundas en cuanto a este modelo implementado en los 90, con las características de los 90, es decir del neoliberalismo, de saqueo económico y destrucción medioambiental. Esto ha sido la característica del modelo neoliberal de los 90, vivito y coleando actualmente en los emprendimientos de minería en la República Argentina. Si hay una cosa que me ha quedado absolutamente clara en todo el desarrollo de todo este proceso, que se inicia con el veto del gobierno nacional, y después de escuchar al secretario de Minería tantas veces en las audiencias realizadas aquí en el Senado de la Nación, es que el gobierno nacional acompaña, promueve y desarrolla la minería en las actuales condiciones, que son las establecidas en los 90.
Entonces, evidentemente la lucha contra las corporaciones debe hacerse en serio. Acá parece que hay corporaciones malas y corporaciones buenas. Las corporaciones malas se combaten, las corporaciones buenas se promueven en su desarrollo. No tengo que hacer un gran desarrollo económico para demostrar esto. Estos señores, que están llevando a cabo semejantes emprendimientos mineros desde los 90 en la República Argentina, han dicho en una reciente solicitada, que es gigantesca y con un título muy grande: “Sin minerales no hay industria, no hay construcción, no hay país”. Esto es lo que dice la Cámara Argentina –son todos capitales transnacionales– de Empresarios Mineros. Estas son las costosas solicitadas que estas empresas publican en el país.
Es claro que acá se están jugando muchos intereses. Por supuesto, en el país estamos ante una realidad donde lo que se pone en juego es que somos el sexto país potencialmente dispuesto a estos emprendimientos mineros. Los informes consignan que el 75 por ciento de las áreas extractivas para la minería todavía no han sido sometidas a prospección. Entre 2003 y 2007, el total de inversiones acumuladas en el país se multiplicó por ocho: pasó de 660 millones de dólares a 5.600 millones.
Todo esto se ha hecho en el marco regulatorio de la megaminería a cielo abierto. Se ha construido un modelo en virtud del cual no hay ninguna otra actividad económica en el país que tenga los suficientes privilegios como tienen estos emprendimientos, establecidos por ley de los años 90. Me refiero a la Ley 24196, de Inversiones Mineras; a la Ley 24228, de Acuerdo Federal Minero; a la Ley 24402, y así podríamos seguir. Primero, estabilidad fiscal por treinta años desde la presentación del proyecto. Alcanza a todos los tributos, entendiéndose por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos pasivos a las empresas inscriptas, así como también a los derechos, aranceles u otros gravámenes a la importación o exportación. Segundo, tope de tres por ciento de regalía por valor de mineral en boca de mina; exención de arancel de importación bienes de capital e insumos; doble deducción de gastos de prospección, exploración, planta piloto, investigación, en el Impuesto a las Ganancias; devolución del IVA a la exploración; amortización acelerada a las inversiones, tres años; exención de contribuciones sobre la propiedad minera; eliminación progresiva de impuestos provinciales y municipales; liquidación en el exterior, hasta el 100 por ciento, de divisas de exportación; deducción por gastos de conservación de medio ambiente hasta 5 por ciento del monto del gasto de extracción y procesamiento; capitalización de los avalúos de reserva minera hasta 50 por ciento; devolución anticipada de financiamiento de IVA en importación o compra de bienes, inversiones e infraestructura; reembolso de exportaciones por puertos patagónicos.
¿Esto es gratis? Acá se ha hablado mucho de federalismo. Señor presidente: todos los argentinos vamos a pagar, de acuerdo con el Presupuesto 2011, un gasto tributario de promoción a la actividad minera, de acuerdo con la Ley 24.196, de 506,5 millones de pesos. Tenemos derecho a hablar de este tema, no solamente por las cuestiones ambientales, sino también por las cuestiones económicas que estamos poniendo sobre la mesa. No hay ninguna otra actividad económica en el país que tenga semejantes privilegios. Entonces, ¿cómo no va a disparar el debate de los glaciares el hecho de que tenemos que poner un punto de inflexión en un debate, pendiente, del Congreso argentino, acerca de este tipo de emprendimientos diseñado en la lógica de los 90 y que el gobierno nacional actual promueve, impulsa y desarrolla? Me parece importante que, a esta altura del debate, tengamos claro que éste es el punto fundamental que está en discusión.
La otra reflexión que yo quería realizar es que, en este tema también, con estas solicitadas, con este debate disparado en la ley de glaciares, el capital transnacional ha demostrado angurria. No ha sido posible avanzar en esta cuestión porque estamos hablando del agua, que es un recurso fundamental, como se ha planteado aquí, en cuanto a que es un derecho humano fundamental a preservar. Se ha planteado, con toda claridad, en este recinto, que el agua es el único bien que ha sido declarado un derecho humano, por las Naciones Unidas; que el agua es, entonces, un derecho humano vinculado con la vida. Y, frente a este derecho o, mejor dicho, ante estos dos derechos, el del agua y el de la vida, que están indisolublemente vinculados, algunos pretenden poner por encima de ello el derecho a la explotación y al comercio de un bien, que es el oro. Se han mencionado ejemplos históricos, que son contundentes. El oro y los diamantes han producido golpes de Estado, el apartheid, la explotación en el mundo. Eso es lo que ha producido la codicia del oro de los diamantes.
Esta es la historia de la humanidad, lo que nos enseña la historia. Entonces, no tenemos que plantarnos ante falsas antinomias. Lo que tenemos que hacer es una discusión seria de lo que significa el desarrollo sustentable. Y la verdad, señor presidente, es que tengo la convicción de que el sistema de explotación a cielo abierto es contradictorio con cualquier política de desarrollo sustentable. Por eso muchas provincias se han ido haciendo eco de esto. Por eso ya hay siete leyes provinciales en esta materia y ya hay provincias que lo prohíben de manera terminante. Por eso, ese es el debate que debe darse en este recinto.
Desde otra perspectiva, hace más de setenta años, Alfredo Palacios señaló que hay que conservar los bosques existentes y que, por eso, sería peligroso autorizar a un organismo que no es técnico en la materia a destruir árboles, entregando tierra a la colonización. Lo que corresponde es dictar la ley del bosque. La leña de nuestros bosques ha sido dilapidada; se ha talado sin método y sin control, olvidando que es un deber de los gobiernos mantener los bosques, en beneficio del país. Y cuando no se han sabido mantener, repoblarlos. Esto fue dicho por Palacios, reitero, hace setenta años, después de lo que sucedió en el Norte de mi provincia con La Forestal, que devastó los bosques de quebracho por la extracción del tanino. Hay que ver lo que son actualmente esos pueblos del Norte de mi provincia, como, por ejemplo, La Gallareta. La Forestal fue un país dentro de la Argentina, algo similar a lo que actualmente son los establecimientos mineros. Finalmente, sólo dejó devastación, y explotación de los trabajadores y de una de nuestras riquezas naturales: los bosques.
Por lo tanto, la ley de bosques llegó tarde, pero fue muy positiva. Y se lo debemos a la acción de la sociedad, de las organizaciones no gubernamentales y de las organizaciones sociales, que impulsaron diversas leyes, entre ellas, la ley de bosques, y hoy, la de preservación de nuestros recursos naturales. Quiero hacer un reconocimiento a la nueva conciencia ambiental, que va creciendo en los niños y se extiende por todo el país, la cual nos da el optimismo de que, a futuro, podamos tener una conciencia ambiental diferente que, seguramente, redundará en una mejor conciencia ambiental en la dirigencia política argentina y del mundo. Por ello, la dimensión de la catástrofe ambiental está a la vista. Las Naciones Unidas, diversas organizaciones internacionales y los más grandes y prestigiosos organismos científicos del mundo han planteado este tema, y se tomó conciencia de que estamos ante los peligros más dramáticos y complejos de la historia de la humanidad. No son planteos utópicos o extremistas, sino que estamos ante peligros concretos. Y no solamente tenemos la responsabilidad ante nosotros mismos, sino también ante las generaciones futuras.
Estoy convencido de que este debate recién comienza. Esta discusión recién empieza, y deberá continuar a partir de la sanción de este proyecto. En ese sentido, debemos hacer un reconocimiento a ese camino que se inició con la movilización ciudadana en Esquel, y que continuó con la asamblea multisectorial que llamó a una consulta popular, en 2003, cuyo resultado fue negativo y significó la concreción de la primera ley provincial de este tipo de minería. En consecuencia, el bien que estamos protegiendo con esta ley, que es nada más ni nada menos que el agua, implica la defensa del ecosistema, de la verdadera fábrica de agua que son los hielos continentales.
Para finalizar, haré referencia a la historia de América latina en cuanto a la extracción de los minerales. Por ejemplo, tenemos el caso de Potosí, en Bolivia, y el de Famatina, en nuestro país, donde el oro y la plata se vieron, se ven y se verán pasar de cable carriles o ductos hacia trenes, luego hacia puertos cuyos barcos llevarán la riqueza hacia el Norte a países desarrollados. La historia no se repite, señor presidente, pero la reproducción de los mecanismos determina que hoy estemos viviendo una situación que tenemos que abordarla con toda responsabilidad, y la pregunta contundente que hoy debemos hacernos es si sabe más el oro o el agua dulce.
Se habla mucho de la responsabilidad social empresaria. ¿Cuál es la responsabilidad social empresaria que tiene un CEO de las corporaciones mineras, que le puede dar lo mismo mirar en el cine una política como Avatar que escuchar el reclamo de los mapuches, porque un ducto invade los cementerios, sus cementerios! Acá se han dado muchas cifras, se gastan millones de litros por día, es poco. Los viñateros vinieron a hablar con nosotros. Los productores agropecuarios nos decían que esos mismos litros que sirven para estas mineras son los litros que le sacan para sus emprendimientos productivos en estas provincias.
Por eso, creo que hoy damos un paso. Espero que podamos sancionar la ley más protectiva, espero que podamos dar un paso real para que después incorporemos en la agenda del Congreso Nacional el debate de la discusión de los mega emprendimientos mineros a cielo abierto, de las características vigentes actuales de los 90 que significa el modelo de saqueo y de depredación ambiental.
Quiero terminar con una canción. Con esto, no quiero parecer sentimental, pero es concreto y contundente. Es una canción de La Vela Puerca, que se llama “Potosí”, y que dice: Ahora ya no sale nada (hablando de la mina), sólo escucho la explosión que revienta las entrañas, ya cumplida la ambición, esa voz no está tan lejos, que llora necesidad, caminando en laberinto, sigue pidiendo igualdad.
Muchas gracias
CHARLA POR EL 82% MÓVIL EN EL CENTRO DE JUBILADOS "SALVADOR FOSCO" "DIMOS OTRO PASO PARA SACAR A LOS JUBILADOS DE LA POBREZA"
Luego de que el plenario de las Comisiones de Presupuesto y Trabajo y Previsión de la Cámara de Senadores firmara el dictamen sobre 82% móvil, el senador socialista Rubén Giustiniani –autor de una de las iniciativas-, destacó que “damos así otro paso en el objetivo de sacar a los jubilados de la pobreza”, y aclaró que “están los fondos, tenemos una Anses rica y jubilados pobres, y una recaudación que este año va a superar en un 30% lo estimado”.El senador por Santa Fe reiteró que “el 82 % es posible, falta la decisión política, esperamos que el 13 de octubre, fecha que nos comprometimos a tratar el tema en el recinto, lo hagamos realidad”.
"Intervención del Senador Rubén Giustiniani en el tratamiento de la ley que establece el haber jubilatorio mínimo en el 82 por ciento móvil, del salario mínimo, vital y móvil".
Señor presidente: creo que hemos llegado a un punto en el tratamiento de este proyecto –que brinda respuesta a 5 millones y medio de jubilados y a sus familias, que constituye el punto más lejano al que se ha llegado en el debate del 82 por ciento móvil. Por lo tanto, considero que estamos en presencia de la ley más importante de los últimos años en la República Argentina. No se si estamos ante un hecho histórico, porque éstos se constituyen y se valoran después, a través del tiempo. Transcurrido un tiempo se podrá saber si fue un hecho histórico o no; es muy difícil saberlo en este momento. Pero lo que efectivamente me consta, es que este proyecto de ley tiene un gran impacto social. No solamente se refiere a 5 millones y medio de jubilados, sino a sus familias. O sea, toca a casi 20.000.000 de personas, que hoy están pendientes de este proyecto de ley.
Esta es una realidad que tenemos que valorar desde esa perspectiva, porque si bien es muy difícil saber cuántos son los pobres en la República Argentina, porque los indicadores sociales hoy están muy cuestionados y se hacen distintas especulaciones, efectivamente sabemos que casi el 80 por ciento de los jubilados es pobre. Es decir, sabemos que 4.000.000 de jubilados son pobres. Por lo tanto, un proyecto de ley que aborda este problema y que avanza un paso al determinar que los 1.040 pesos actuales de haber mínimo serán llevados al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil de los trabajadores en actividad, constituye un hecho positivo. Porque importa llevar dicha jubilación a 1.470 pesos. Y cuando el salario mínimo, vital y móvil en enero aumente de acuerdo a lo pactado en el Consejo del Salario, dicha jubilación va a subir por encima a casi 1600 pesos.
Es decir, que estamos resolviendo un problema muy importante, que constituye el garantizar un piso de dignidad para los jubilados de la República Argentina. De tal modo, que esto no es poco. Por supuesto que no resuelve el problema del sistema previsional, pero establece un piso de dignidad para las jubiladas, para los jubilados y para los pensionados de la República Argentina. Por eso, quiero hacer un reconocimiento a los miles de jubilados que hoy ya no están, pero que mantuvieron esta lucha presente. Se equivoca de lectura quien afirma que este es un proyecto de la oposición. Yo soy autor de varios proyectos sobre este tema; incluso uno llegó a tener dictamen de comisión. He presentado otros años muchos proyectos como diputado nacional y también como senador de la Nación, pero todos pasaron al cajón del olvido, porque siempre se dijo lo mismo: tiene razón, pero “marche preso”. Tienen razón los jubilados en su reclamo; es justo. Hasta se dijo que lo que reclaman es un derecho constitucional, pero no se puede; no hay plata. De este modo, siempre se afirmó que no se puede llevar a la realidad, lo que expresa la norma constitucional.
Por eso, quiero efectuar este homenaje a los jubilados y sus organizaciones, que mantuvieron vivo el reclamo. Fueron 966 las marchas que se hicieron aquí a la vuelta del Congreso, en Rivadavia y Callao. Son 966 semanas, 241 meses y 20 años. Repito: hace 20 años que los jubilados vienen movilizándose con frío, con lluvia, en verano o en invierno, durante todos los miércoles, para que esta ley o una ley con estas características sea tratada. Por ello, vaya mi reconocimiento también a aquellas organizaciones sindicales que nunca hicieron cálculos y que siempre, coherentemente, llevaron adelante esta lucha, lo mismo que a los centros de jubilados de todo el país. Porque si esta noche tenemos ley del 82 por ciento móvil no será por un proyecto de la oposición, sino que será por ellos. Fueron millones de firmas recolectadas a lo largo y a lo ancho del país. Hemos visto las mesas que se ponían en los distintos lugares del país, donde los jubilados firmaban con una adhesión absoluta, muchas veces descreyendo que esto pudiera llegar a ser alguna vez verdad, después de tantos años y de tantos gobiernos que nunca les dieron respuesta.
Por ello, este no es hoy un problema entre el oficialismo y la oposición; este no es un problema de este gobierno, sino que estamos hablando de una ley que puede dar un importante paso adelante para empezar a discutir una política de Estado y llevar justicia social a quienes siempre se les ha negado. Yo no tengo ninguna duda en cuanto a que esto es un paso adelante. Por ello, precisamente, presenté hace ya un tiempo un proyecto que establece el 82 por ciento para la jubilación mínima.
Por otro lado, lo que se busca es dar respuesta a ese otro mecanismo perverso de decir “tienen razón” pero el camino que les queda es iniciar el juicio. Como consecuencia de ello se acumulan 400 mil juicios contra el ANSeS, que a través de un mecanismo perverso – me refiero al ANSeS de todos los tiempos y no sólo al de ahora – viene estableciendo una mecánica de chicaneo para demorar los juicios, sabiendo que se juega con el tiempo de quienes no tienen tiempo. Y eso golpea a cada uno de nosotros, porque seguramente tenemos a algún familiar que atraviesa esta situación; a lo mejor, nuestros padres. Porque esta es una situación que se extiende por toda la República Argentina. El problema de los jubilados es nacional.
Por supuesto que lo que estamos debatiendo en este proyecto se expresa también en números. ¿Cómo no se va a expresar en números? Pero en este tema siempre nos ha empujado más el testimonio de los propios jubilados que los fundamentos del derecho constitucional o los argumentos jurídicos o económicos que se han dado para avanzar en esta temática. Esos testimonios fueron recogidos en audiencias públicas a lo largo y a lo ancho del país. ¿Qué nos expresaron los jubilados? Algo que les da contundencia a su pedido: con palabras simples nos decían “vivan ustedes con 1.040 pesos unos meses y después conversamos”. Esto es lo contundente. Hoy estamos cumpliendo con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y estamos recogiendo lo mejor de nuestra tradición de justicia social. Por eso es importante este reconocimiento en este recinto, en este tiempo histórico que nos toca vivir. Este es el sistema, solidario, de reparto, de solidaridad intergeneracional. Esto nos mejora como sociedad. No como en los tiempos del neoliberalismo donde todo era la apuesta al mercado, donde lo económico regía el destino de la sociedad y donde no era sólo el mercado, sino que la economía del mercado se transformaba en sociedad del mercado, porque el trabajo era mercancía, la educación, era mercancía y la previsión social era mercancía que había que poner en la timba financiera a través de las AFJP.
Entonces, este es el punto que hoy estamos discutiendo y hoy vamos a dar un gran paso adelante si podemos sancionar este proyecto. Porque ello resuelve dos cosas; la primera es el piso de dignidad. ¿Por qué atar al 82 por ciento el mínimo, vital y móvil que fue una parte de debate importante en la Comisión de Trabajo? Por la sencilla y simple razón de que los jubilados no tienen quién los defienda. Y los sindicatos pueden hacer bien o mal su trabajo, pero saben que tienen que defender a sus bases y esa pelea en ese instituto que es el Consejo del Salario, que realiza la CTA y la Confederación General del Trabajo junto con los empresarios y con el Estado nacional a través del gobierno significa una evolución del mínimo, vital y móvil del trabajador en actividad. Y esto representa un piso importante –atarlo al 82 por ciento– para los sistemas previsionales al relacionarlos de manera automática con los aumentos de los trabajadores en actividad. Por eso hablamos de piso, por eso hablamos de la automaticidad del aumento de los trabajadores en actividad, porque son las dos cuestiones que la ley de movilidad no resolvió.
La Corte nos obligó a discutir una ley de movilidad; pero la cuestión no se terminó cuando vimos los 1.040 pesos. Porque cuando vemos que no se elevó ese piso a partir del cual aplicar la movilidad, es obvio que cuando se aplica un 10 por ciento en cien pesos, son diez pesos y lo que cuenta para el jubilado no es un 10 por ciento de aumento; son diez pesos en el bolsillo del jubilado. Por eso hay que aumentar el piso. Aunque reúnan adherentes en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y hablen de un 19 por ciento de aumento como un hecho espectacular, lo contundente son los 1.040 pesos. Este es el tema fundamental, porque los sindicatos son muy contundentes. Así, dicen que no negocian con los precios del INDEC sino con los de la góndola del supermercado, y en función de eso se sientan y discuten. Por eso hay que atar el haber mínimo y los aumentos a esa movilidad de los salarios.
Cuando se hace referencia al 82 por ciento, a pesar de que pareciera que todos hablamos de lo mismo, en realidad, hablamos de distintas cosas, de distinta materialización de ese 82 por ciento. Pero tenemos que coincidir en que no hay que explicarles a los jubilados qué queremos decir cuando nos referimos al 82 por ciento móvil, porque esto se ha establecido como una consigna, como una reivindicación. Y una consigna no se explica, no se fundamenta; se hace carne en la gente, y la gente sabe de qué se habla cuando se habla del 82 por ciento móvil. Porque el jubilado compara lo que hoy está percibiendo como haber jubilatorio con lo que percibe el trabajador en actividad, con el trabajador que está haciendo el trabajo que él hacía, y se da cuenta que ese trabajador en actividad gana cinco, seis o siete veces más. Por eso la consigna del 82 por ciento móvil se ha extendido y se ha tomado como una bandera que no hay que explicarla, que en sí lleva la reivindicación de mantener una proporcionalidad con el salario en actividad, como lo dice la Corte en su jurisprudencia. Lo expresa de manera clara y contundente y en relación con el derecho constitucional del artículo 14 bis, relativo a la movilidad. Entonces, de manera simple –no porque la haya hecho un creativo publicitario, no porque un pícaro de un partido de oposición se la adjudicó– esa consigna se encarna en las mayorías populares. Por eso se reclama a lo largo y ancho del país el 82 por ciento móvil.
Es importante hablar también con nuestros testimonios de lo que se logró en la provincia de Santa Fe cuando iniciamos el gobierno provincial. Me refiero a atar el aumento de los jubilados a cada aumento salarial de los trabajadores en actividad en base a un principio de automaticidad. No creo que sea imposible el 82 por ciento móvil. Quiero contar también que en la Municipalidad de Rosario desde hace varias décadas existe el 82 por ciento móvil, existe la automaticidad de los aumentos en jubilaciones cuando se dan aumentos a los trabajadores en actividad, en el mismo porcentaje. La Ciudad de Rosario es gobernada por nosotros, los socialistas, desde hace veinte años. Tuvimos tiempos difíciles, como los del país, de vacas muy flacas. Otras veces no tanto. Hubo crisis económicas muy fuertes. ¡Mire, presidente, si en los últimos años no hemos tenido crisis! Pero nunca se discutió el 82 por ciento móvil. ¿Sabe lo que se discutió, presidente? Se discutió cómo se hacía un esfuerzo mayor para poder seguir pagándolo. En Rosario funciona un instituto con un directorio integrado por representantes del Sindicato Municipal, del Centro de Jubilados Municipales y del Poder Ejecutivo municipal. Hubo momentos de debate muy fuertes sobre cómo se salía del déficit de la caja. Los trabajadores en actividad dijeron que iban a aportar un poco más y, por otro lado, el Poder Ejecutivo hizo su aporte. Entonces, en los momentos de vacas flacas, en los momentos de crisis se siguió pagando el 82 por ciento móvil a los jubilados municipales en la Ciudad de Rosario. Nunca se lo dejó de pagar. Sé que son dimensiones diferentes. Claro que lo son. Estamos hablando de un poco más de 9500 aportantes ante un universo de 5.500.000 jubilados del país. Pero también la dimensión de los recursos es diferente. Las posibilidades y las herramientas son diferentes.
Se trata de una decisión política, y como bien se dijo acá, de una política de Estado. Nosotros somos firmantes del dictamen en minoría en la Cámara de Diputados porque estábamos de acuerdo con la restitución de los aportes patronales de las grandes empresas a los niveles anteriores a los establecidos en los 90. Eso significaría un ingreso de 15.000 millones de pesos anuales más. Y cuando se empiezan a hacer cifras, advertimos que hoy estamos en un contexto económico favorable, que tiene dos aspectos. Uno de ellos es el contexto económico internacional en que todos los países de la región expresan hoy un crecimiento económico importante. Por eso es importante la democracia continuada; que los pueblos puedan expresar la voluntad popular en la democracia continuada. Entonces, hay crecimiento económico sostenido. Por eso se habla de políticas sociales de la región. Y por eso es importante hablar de políticas sociales en la Argentina, porque en ese contexto estamos dando este debate. En ese contexto no se puede decir “no se puede”. Porque yo les hago la pregunta inversa: cuando nos hablan de las pocas alternativas o propuestas que hace la oposición le quiero preguntar al gobierno cuál es la propuesta superadora que está haciendo en este tema, y la respuesta es “Quédense con los 1.040. No se puede.” Esa es la respuesta. Hablan de demagogos e irresponsables. Les están diciendo demagogos e irresponsables a los jubilados. ¿No se dan cuenta?
¿No se dan cuenta que ese terrorismo verbal que se hizo durante todo este tiempo no funciona, que no se lo creen? Porque en el mismo momento que se dice que esta medida tiene un costo de 40 mil millones de pesos desde el gobierno se publicita que sólo este año va a haber un excedente de recaudación de 42 mil millones de pesos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un día dicen que se va a pagar al Club de París de un saque; se hizo un anuncio sobre eso. Se pagó de un saque, como decisión política que no comparto pero que otros comparten, deuda al Fondo Monetario Internacional por 10 mil millones de dólares, que son 40 mil millones de pesos; la misma cifra. Entonces, ¿es una cifra tan terrible para discutir? Discutámosla en partes. Como se dijo acá, nadie quiere terminar con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, salvo que entendamos cosas que no se dijeron. Está bien que haya un fondo de garantía de sustentabilidad, pero ese fondo tiene una rentabilidad anual. ¿Qué se hace con esa rentabilidad? Porque es una rentabilidad millonaria. Estamos con una ANSeS que tiene superávit, pero tiene superávit porque se pagan jubilaciones bajas. Y sí, es un sistema asistido, pagamos todos los argentinos; una parte los trabajadores en actividad. Esa lógica que docentemente explicaba el senador Martínez de cómo funciona un sistema de reparto no alcanza. Ese dinero que el trabajador saca de su bolsillo y lo pone para que vaya al bolsillo del jubilado hoy. Y esa característica de la solidaridad intergeneracional hace cobrar más importancia todavía que ese dinero que entra a la ANSeS no se debe tocar para otros fines, porque es plata del jubilado que debe ir a su bolsillo hoy. Esa es la solidaridad intergeneracional. Así funciona el sistema de reparto. Prioritariamente ese dinero tiene que ser para pagar jubilaciones.
Estamos además en un momento en el que aparecen recursos de la propia ANSeS, superavitaria, tal como se expresa en el proyecto en tratamiento. Y, como analizaba el gobierno en relación al círculo virtuoso de la asignación por hijo, se generaría un recupero por IVA de 5.600 millones de pesos, los cuales volverían al Estado en materia de IVA por la aplicación de un aumento de estas características a los jubilados. Eso pone además en evidencia otra deuda pendiente de este Congreso, y en la que seguiremos insistiendo: cambiar este perverso, retrógrado y anacrónico sistema tributario de la República Argentina, porque son los más pobres los que más pagan, y los que más tienen y más ganan son los que proporcionalmente menos pagan. Si tomamos por deciles de pobreza vamos a ver en la recaudación que el impuesto que más recauda es el IVA y que el 70 por ciento de los que aportan al IVA son los más pobres. Ese 21 por ciento es el pilar de la recaudación en la República Argentina. Entonces se puede, señor presidente: se puede. ¡Claro que se puede! Con decisión política, se puede.
Y se podría hacer con toda la voluntad de discutir este sistema junto con un sistema tributario más progresivo, porque existe una vinculación entre ellos. Por ello, soy autor de un proyecto de ley que grava la renta financiera, porque no hay explicación posible para que a los sectores populares se les cobre el 21 por ciento por todo lo que consumen o de lo que recaudan por una changa o por trabajo, y al que especula en la Bolsa no se le cobra absolutamente un peso de impuestos.
En consecuencia, creo que debemos dar un paso adelante. Y este paso adelante significa sacar a los jubilados de la pobreza, darles un piso de dignidad, porque una parte de sentido común de la mecánica perversa de los juicios es aplicar la escala de Badaro a las restantes jubilaciones. Por nuestro sistema institucional, sabemos que un fallo de la Corte es definitivo. ¿Cómo sigue la película de los cuatrocientos mil juicios? Sabemos que por cada juicio que paga la ANSeS, por más que demore, le entran diez juicios más. Por eso, hay un Badaro I, un Badaro II y después habrá probablemente un “Badaro” III, IV, V hasta el infinito. Por lo tanto, este proyecto de ley da una respuesta en ese sentido y considero que es positiva. Por eso, acompaño esta propuesta siendo autor de varios proyectos en la misma dirección y consciente de que debemos discutir el sistema previsional en profundidad.
Siempre se discute cómo incluimos a ese diez o doce por ciento de excluidos que, por supuesto, trabajaron toda su vida y no tienen ningún tipo de percepción a esta altura, de quienes quedan a mitad de camino. En el caso de Francia, el hecho de aumentar la edad jubilatoria de 60 a 62 años ha producido movilizaciones que prácticamente ocasionaron el parate del país, y no se sabe cómo sigue la cosa. Sin duda, la discusión de los sistemas previsionales en Europa ha determinado que se ganen o se pierdan elecciones. Por supuesto, cuando aplican la política de ajuste, siempre pierden las elecciones, porque la gente defiende sus derechos, es decir, que no se corte siempre el hilo por lo más delgado. En ese sentido, la exigencia de nuestro sistema jubilatorio es durísima, porque requiere juntar treinta años de aportes para jubilarse a los 65 años de edad. Ahora bien, yo pregunto: en el horizonte de un mercado laboral donde el 50 por ciento del trabajo es en negro –a pesar de todo lo que se ha avanzado–, salvo los trabajadores del Estado, que tienen estabilidad: ¿qué porcentaje juntan los trabajadores en la actividad privada en sus treinta años de aportes? Vemos que la economía crece y el mayor porcentaje de trabajo que se genera es en negro. Es decir, ¡cómo cuesta el trabajo decente planteado por la OIT! ¡Cómo cuesta el trabajo en blanco! Esos son los temas pendientes.
Para finalizar, quiero decir que estoy absolutamente convencido de que un sistema previsional de reparto, solidario, no es sustentable en el tiempo pagando jubilaciones bajas. La sustentabilidad en el tiempo del sistema de reparto sólo se da combatiendo el trabajo en negro y mejorando la relación trabajadores activos con pasivos, que hoy está en una relación de 1,6 o 1,7 a 1. Esa es la manera de generar un piso de inclusión hacia los que hoy están afuera absolutamente de todo, como nuestros abuelos que no tienen absolutamente nada. Esta es la forma de completar un sistema previsional donde se haga justicia con quienes trabajaron toda su vida e hicieron sus aportes; de garantizar un piso de dignidad y de inclusión; en definitiva, para que con esta ley, esta noche, no solamente le demos dignidad a los cinco millones y medio de jubilados y a sus familias sino que, sin ningún lugar a dudas, esta noche vamos a tener un país más digno.
Muchas gracias
Señor presidente: creo que hemos llegado a un punto en el tratamiento de este proyecto –que brinda respuesta a 5 millones y medio de jubilados y a sus familias, que constituye el punto más lejano al que se ha llegado en el debate del 82 por ciento móvil. Por lo tanto, considero que estamos en presencia de la ley más importante de los últimos años en la República Argentina. No se si estamos ante un hecho histórico, porque éstos se constituyen y se valoran después, a través del tiempo. Transcurrido un tiempo se podrá saber si fue un hecho histórico o no; es muy difícil saberlo en este momento. Pero lo que efectivamente me consta, es que este proyecto de ley tiene un gran impacto social. No solamente se refiere a 5 millones y medio de jubilados, sino a sus familias. O sea, toca a casi 20.000.000 de personas, que hoy están pendientes de este proyecto de ley.
Esta es una realidad que tenemos que valorar desde esa perspectiva, porque si bien es muy difícil saber cuántos son los pobres en la República Argentina, porque los indicadores sociales hoy están muy cuestionados y se hacen distintas especulaciones, efectivamente sabemos que casi el 80 por ciento de los jubilados es pobre. Es decir, sabemos que 4.000.000 de jubilados son pobres. Por lo tanto, un proyecto de ley que aborda este problema y que avanza un paso al determinar que los 1.040 pesos actuales de haber mínimo serán llevados al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil de los trabajadores en actividad, constituye un hecho positivo. Porque importa llevar dicha jubilación a 1.470 pesos. Y cuando el salario mínimo, vital y móvil en enero aumente de acuerdo a lo pactado en el Consejo del Salario, dicha jubilación va a subir por encima a casi 1600 pesos.
Es decir, que estamos resolviendo un problema muy importante, que constituye el garantizar un piso de dignidad para los jubilados de la República Argentina. De tal modo, que esto no es poco. Por supuesto que no resuelve el problema del sistema previsional, pero establece un piso de dignidad para las jubiladas, para los jubilados y para los pensionados de la República Argentina. Por eso, quiero hacer un reconocimiento a los miles de jubilados que hoy ya no están, pero que mantuvieron esta lucha presente. Se equivoca de lectura quien afirma que este es un proyecto de la oposición. Yo soy autor de varios proyectos sobre este tema; incluso uno llegó a tener dictamen de comisión. He presentado otros años muchos proyectos como diputado nacional y también como senador de la Nación, pero todos pasaron al cajón del olvido, porque siempre se dijo lo mismo: tiene razón, pero “marche preso”. Tienen razón los jubilados en su reclamo; es justo. Hasta se dijo que lo que reclaman es un derecho constitucional, pero no se puede; no hay plata. De este modo, siempre se afirmó que no se puede llevar a la realidad, lo que expresa la norma constitucional.
Por eso, quiero efectuar este homenaje a los jubilados y sus organizaciones, que mantuvieron vivo el reclamo. Fueron 966 las marchas que se hicieron aquí a la vuelta del Congreso, en Rivadavia y Callao. Son 966 semanas, 241 meses y 20 años. Repito: hace 20 años que los jubilados vienen movilizándose con frío, con lluvia, en verano o en invierno, durante todos los miércoles, para que esta ley o una ley con estas características sea tratada. Por ello, vaya mi reconocimiento también a aquellas organizaciones sindicales que nunca hicieron cálculos y que siempre, coherentemente, llevaron adelante esta lucha, lo mismo que a los centros de jubilados de todo el país. Porque si esta noche tenemos ley del 82 por ciento móvil no será por un proyecto de la oposición, sino que será por ellos. Fueron millones de firmas recolectadas a lo largo y a lo ancho del país. Hemos visto las mesas que se ponían en los distintos lugares del país, donde los jubilados firmaban con una adhesión absoluta, muchas veces descreyendo que esto pudiera llegar a ser alguna vez verdad, después de tantos años y de tantos gobiernos que nunca les dieron respuesta.
Por ello, este no es hoy un problema entre el oficialismo y la oposición; este no es un problema de este gobierno, sino que estamos hablando de una ley que puede dar un importante paso adelante para empezar a discutir una política de Estado y llevar justicia social a quienes siempre se les ha negado. Yo no tengo ninguna duda en cuanto a que esto es un paso adelante. Por ello, precisamente, presenté hace ya un tiempo un proyecto que establece el 82 por ciento para la jubilación mínima.
Por otro lado, lo que se busca es dar respuesta a ese otro mecanismo perverso de decir “tienen razón” pero el camino que les queda es iniciar el juicio. Como consecuencia de ello se acumulan 400 mil juicios contra el ANSeS, que a través de un mecanismo perverso – me refiero al ANSeS de todos los tiempos y no sólo al de ahora – viene estableciendo una mecánica de chicaneo para demorar los juicios, sabiendo que se juega con el tiempo de quienes no tienen tiempo. Y eso golpea a cada uno de nosotros, porque seguramente tenemos a algún familiar que atraviesa esta situación; a lo mejor, nuestros padres. Porque esta es una situación que se extiende por toda la República Argentina. El problema de los jubilados es nacional.
Por supuesto que lo que estamos debatiendo en este proyecto se expresa también en números. ¿Cómo no se va a expresar en números? Pero en este tema siempre nos ha empujado más el testimonio de los propios jubilados que los fundamentos del derecho constitucional o los argumentos jurídicos o económicos que se han dado para avanzar en esta temática. Esos testimonios fueron recogidos en audiencias públicas a lo largo y a lo ancho del país. ¿Qué nos expresaron los jubilados? Algo que les da contundencia a su pedido: con palabras simples nos decían “vivan ustedes con 1.040 pesos unos meses y después conversamos”. Esto es lo contundente. Hoy estamos cumpliendo con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y estamos recogiendo lo mejor de nuestra tradición de justicia social. Por eso es importante este reconocimiento en este recinto, en este tiempo histórico que nos toca vivir. Este es el sistema, solidario, de reparto, de solidaridad intergeneracional. Esto nos mejora como sociedad. No como en los tiempos del neoliberalismo donde todo era la apuesta al mercado, donde lo económico regía el destino de la sociedad y donde no era sólo el mercado, sino que la economía del mercado se transformaba en sociedad del mercado, porque el trabajo era mercancía, la educación, era mercancía y la previsión social era mercancía que había que poner en la timba financiera a través de las AFJP.
Entonces, este es el punto que hoy estamos discutiendo y hoy vamos a dar un gran paso adelante si podemos sancionar este proyecto. Porque ello resuelve dos cosas; la primera es el piso de dignidad. ¿Por qué atar al 82 por ciento el mínimo, vital y móvil que fue una parte de debate importante en la Comisión de Trabajo? Por la sencilla y simple razón de que los jubilados no tienen quién los defienda. Y los sindicatos pueden hacer bien o mal su trabajo, pero saben que tienen que defender a sus bases y esa pelea en ese instituto que es el Consejo del Salario, que realiza la CTA y la Confederación General del Trabajo junto con los empresarios y con el Estado nacional a través del gobierno significa una evolución del mínimo, vital y móvil del trabajador en actividad. Y esto representa un piso importante –atarlo al 82 por ciento– para los sistemas previsionales al relacionarlos de manera automática con los aumentos de los trabajadores en actividad. Por eso hablamos de piso, por eso hablamos de la automaticidad del aumento de los trabajadores en actividad, porque son las dos cuestiones que la ley de movilidad no resolvió.
La Corte nos obligó a discutir una ley de movilidad; pero la cuestión no se terminó cuando vimos los 1.040 pesos. Porque cuando vemos que no se elevó ese piso a partir del cual aplicar la movilidad, es obvio que cuando se aplica un 10 por ciento en cien pesos, son diez pesos y lo que cuenta para el jubilado no es un 10 por ciento de aumento; son diez pesos en el bolsillo del jubilado. Por eso hay que aumentar el piso. Aunque reúnan adherentes en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y hablen de un 19 por ciento de aumento como un hecho espectacular, lo contundente son los 1.040 pesos. Este es el tema fundamental, porque los sindicatos son muy contundentes. Así, dicen que no negocian con los precios del INDEC sino con los de la góndola del supermercado, y en función de eso se sientan y discuten. Por eso hay que atar el haber mínimo y los aumentos a esa movilidad de los salarios.
Cuando se hace referencia al 82 por ciento, a pesar de que pareciera que todos hablamos de lo mismo, en realidad, hablamos de distintas cosas, de distinta materialización de ese 82 por ciento. Pero tenemos que coincidir en que no hay que explicarles a los jubilados qué queremos decir cuando nos referimos al 82 por ciento móvil, porque esto se ha establecido como una consigna, como una reivindicación. Y una consigna no se explica, no se fundamenta; se hace carne en la gente, y la gente sabe de qué se habla cuando se habla del 82 por ciento móvil. Porque el jubilado compara lo que hoy está percibiendo como haber jubilatorio con lo que percibe el trabajador en actividad, con el trabajador que está haciendo el trabajo que él hacía, y se da cuenta que ese trabajador en actividad gana cinco, seis o siete veces más. Por eso la consigna del 82 por ciento móvil se ha extendido y se ha tomado como una bandera que no hay que explicarla, que en sí lleva la reivindicación de mantener una proporcionalidad con el salario en actividad, como lo dice la Corte en su jurisprudencia. Lo expresa de manera clara y contundente y en relación con el derecho constitucional del artículo 14 bis, relativo a la movilidad. Entonces, de manera simple –no porque la haya hecho un creativo publicitario, no porque un pícaro de un partido de oposición se la adjudicó– esa consigna se encarna en las mayorías populares. Por eso se reclama a lo largo y ancho del país el 82 por ciento móvil.
Es importante hablar también con nuestros testimonios de lo que se logró en la provincia de Santa Fe cuando iniciamos el gobierno provincial. Me refiero a atar el aumento de los jubilados a cada aumento salarial de los trabajadores en actividad en base a un principio de automaticidad. No creo que sea imposible el 82 por ciento móvil. Quiero contar también que en la Municipalidad de Rosario desde hace varias décadas existe el 82 por ciento móvil, existe la automaticidad de los aumentos en jubilaciones cuando se dan aumentos a los trabajadores en actividad, en el mismo porcentaje. La Ciudad de Rosario es gobernada por nosotros, los socialistas, desde hace veinte años. Tuvimos tiempos difíciles, como los del país, de vacas muy flacas. Otras veces no tanto. Hubo crisis económicas muy fuertes. ¡Mire, presidente, si en los últimos años no hemos tenido crisis! Pero nunca se discutió el 82 por ciento móvil. ¿Sabe lo que se discutió, presidente? Se discutió cómo se hacía un esfuerzo mayor para poder seguir pagándolo. En Rosario funciona un instituto con un directorio integrado por representantes del Sindicato Municipal, del Centro de Jubilados Municipales y del Poder Ejecutivo municipal. Hubo momentos de debate muy fuertes sobre cómo se salía del déficit de la caja. Los trabajadores en actividad dijeron que iban a aportar un poco más y, por otro lado, el Poder Ejecutivo hizo su aporte. Entonces, en los momentos de vacas flacas, en los momentos de crisis se siguió pagando el 82 por ciento móvil a los jubilados municipales en la Ciudad de Rosario. Nunca se lo dejó de pagar. Sé que son dimensiones diferentes. Claro que lo son. Estamos hablando de un poco más de 9500 aportantes ante un universo de 5.500.000 jubilados del país. Pero también la dimensión de los recursos es diferente. Las posibilidades y las herramientas son diferentes.
Se trata de una decisión política, y como bien se dijo acá, de una política de Estado. Nosotros somos firmantes del dictamen en minoría en la Cámara de Diputados porque estábamos de acuerdo con la restitución de los aportes patronales de las grandes empresas a los niveles anteriores a los establecidos en los 90. Eso significaría un ingreso de 15.000 millones de pesos anuales más. Y cuando se empiezan a hacer cifras, advertimos que hoy estamos en un contexto económico favorable, que tiene dos aspectos. Uno de ellos es el contexto económico internacional en que todos los países de la región expresan hoy un crecimiento económico importante. Por eso es importante la democracia continuada; que los pueblos puedan expresar la voluntad popular en la democracia continuada. Entonces, hay crecimiento económico sostenido. Por eso se habla de políticas sociales de la región. Y por eso es importante hablar de políticas sociales en la Argentina, porque en ese contexto estamos dando este debate. En ese contexto no se puede decir “no se puede”. Porque yo les hago la pregunta inversa: cuando nos hablan de las pocas alternativas o propuestas que hace la oposición le quiero preguntar al gobierno cuál es la propuesta superadora que está haciendo en este tema, y la respuesta es “Quédense con los 1.040. No se puede.” Esa es la respuesta. Hablan de demagogos e irresponsables. Les están diciendo demagogos e irresponsables a los jubilados. ¿No se dan cuenta?
¿No se dan cuenta que ese terrorismo verbal que se hizo durante todo este tiempo no funciona, que no se lo creen? Porque en el mismo momento que se dice que esta medida tiene un costo de 40 mil millones de pesos desde el gobierno se publicita que sólo este año va a haber un excedente de recaudación de 42 mil millones de pesos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un día dicen que se va a pagar al Club de París de un saque; se hizo un anuncio sobre eso. Se pagó de un saque, como decisión política que no comparto pero que otros comparten, deuda al Fondo Monetario Internacional por 10 mil millones de dólares, que son 40 mil millones de pesos; la misma cifra. Entonces, ¿es una cifra tan terrible para discutir? Discutámosla en partes. Como se dijo acá, nadie quiere terminar con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, salvo que entendamos cosas que no se dijeron. Está bien que haya un fondo de garantía de sustentabilidad, pero ese fondo tiene una rentabilidad anual. ¿Qué se hace con esa rentabilidad? Porque es una rentabilidad millonaria. Estamos con una ANSeS que tiene superávit, pero tiene superávit porque se pagan jubilaciones bajas. Y sí, es un sistema asistido, pagamos todos los argentinos; una parte los trabajadores en actividad. Esa lógica que docentemente explicaba el senador Martínez de cómo funciona un sistema de reparto no alcanza. Ese dinero que el trabajador saca de su bolsillo y lo pone para que vaya al bolsillo del jubilado hoy. Y esa característica de la solidaridad intergeneracional hace cobrar más importancia todavía que ese dinero que entra a la ANSeS no se debe tocar para otros fines, porque es plata del jubilado que debe ir a su bolsillo hoy. Esa es la solidaridad intergeneracional. Así funciona el sistema de reparto. Prioritariamente ese dinero tiene que ser para pagar jubilaciones.
Estamos además en un momento en el que aparecen recursos de la propia ANSeS, superavitaria, tal como se expresa en el proyecto en tratamiento. Y, como analizaba el gobierno en relación al círculo virtuoso de la asignación por hijo, se generaría un recupero por IVA de 5.600 millones de pesos, los cuales volverían al Estado en materia de IVA por la aplicación de un aumento de estas características a los jubilados. Eso pone además en evidencia otra deuda pendiente de este Congreso, y en la que seguiremos insistiendo: cambiar este perverso, retrógrado y anacrónico sistema tributario de la República Argentina, porque son los más pobres los que más pagan, y los que más tienen y más ganan son los que proporcionalmente menos pagan. Si tomamos por deciles de pobreza vamos a ver en la recaudación que el impuesto que más recauda es el IVA y que el 70 por ciento de los que aportan al IVA son los más pobres. Ese 21 por ciento es el pilar de la recaudación en la República Argentina. Entonces se puede, señor presidente: se puede. ¡Claro que se puede! Con decisión política, se puede.
Y se podría hacer con toda la voluntad de discutir este sistema junto con un sistema tributario más progresivo, porque existe una vinculación entre ellos. Por ello, soy autor de un proyecto de ley que grava la renta financiera, porque no hay explicación posible para que a los sectores populares se les cobre el 21 por ciento por todo lo que consumen o de lo que recaudan por una changa o por trabajo, y al que especula en la Bolsa no se le cobra absolutamente un peso de impuestos.
En consecuencia, creo que debemos dar un paso adelante. Y este paso adelante significa sacar a los jubilados de la pobreza, darles un piso de dignidad, porque una parte de sentido común de la mecánica perversa de los juicios es aplicar la escala de Badaro a las restantes jubilaciones. Por nuestro sistema institucional, sabemos que un fallo de la Corte es definitivo. ¿Cómo sigue la película de los cuatrocientos mil juicios? Sabemos que por cada juicio que paga la ANSeS, por más que demore, le entran diez juicios más. Por eso, hay un Badaro I, un Badaro II y después habrá probablemente un “Badaro” III, IV, V hasta el infinito. Por lo tanto, este proyecto de ley da una respuesta en ese sentido y considero que es positiva. Por eso, acompaño esta propuesta siendo autor de varios proyectos en la misma dirección y consciente de que debemos discutir el sistema previsional en profundidad.
Siempre se discute cómo incluimos a ese diez o doce por ciento de excluidos que, por supuesto, trabajaron toda su vida y no tienen ningún tipo de percepción a esta altura, de quienes quedan a mitad de camino. En el caso de Francia, el hecho de aumentar la edad jubilatoria de 60 a 62 años ha producido movilizaciones que prácticamente ocasionaron el parate del país, y no se sabe cómo sigue la cosa. Sin duda, la discusión de los sistemas previsionales en Europa ha determinado que se ganen o se pierdan elecciones. Por supuesto, cuando aplican la política de ajuste, siempre pierden las elecciones, porque la gente defiende sus derechos, es decir, que no se corte siempre el hilo por lo más delgado. En ese sentido, la exigencia de nuestro sistema jubilatorio es durísima, porque requiere juntar treinta años de aportes para jubilarse a los 65 años de edad. Ahora bien, yo pregunto: en el horizonte de un mercado laboral donde el 50 por ciento del trabajo es en negro –a pesar de todo lo que se ha avanzado–, salvo los trabajadores del Estado, que tienen estabilidad: ¿qué porcentaje juntan los trabajadores en la actividad privada en sus treinta años de aportes? Vemos que la economía crece y el mayor porcentaje de trabajo que se genera es en negro. Es decir, ¡cómo cuesta el trabajo decente planteado por la OIT! ¡Cómo cuesta el trabajo en blanco! Esos son los temas pendientes.
Para finalizar, quiero decir que estoy absolutamente convencido de que un sistema previsional de reparto, solidario, no es sustentable en el tiempo pagando jubilaciones bajas. La sustentabilidad en el tiempo del sistema de reparto sólo se da combatiendo el trabajo en negro y mejorando la relación trabajadores activos con pasivos, que hoy está en una relación de 1,6 o 1,7 a 1. Esa es la manera de generar un piso de inclusión hacia los que hoy están afuera absolutamente de todo, como nuestros abuelos que no tienen absolutamente nada. Esta es la forma de completar un sistema previsional donde se haga justicia con quienes trabajaron toda su vida e hicieron sus aportes; de garantizar un piso de dignidad y de inclusión; en definitiva, para que con esta ley, esta noche, no solamente le demos dignidad a los cinco millones y medio de jubilados y a sus familias sino que, sin ningún lugar a dudas, esta noche vamos a tener un país más digno.
Muchas gracias
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